Anciano de 85 años embaraza a una niña de 16 en San Luis Acatán

Un reciente informe de la Secretaría de Salud federal, basado en los nacimientos registrados en México durante 2024, ha provocado un profundo malestar social al exhibir, con datos oficiales, casos de embarazos en niñas y adolescentes con hombres considerablemente mayores. Guerrero aparece de forma recurrente entre las entidades con los casos más graves y alarmantes, lo que pone en entredicho la efectividad de los mecanismos de protección infantil en la región.

Uno de los casos más perturbadores se registró en el municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica, donde una niña de 16 años dio a luz tras haber sido embarazada por un hombre de 85 años, estableciendo una diferencia de edad de 69 años. Lejos de ser un caso aislado, se trata de un patrón de violencia estructural contra niñas, que se repite en diversas localidades guerrerenses.

Otros casos también documentados por la Secretaría de Salud incluyen:

 • Acapulco de Juárez: una niña de apenas 10 años aparece registrada como madre, con un padre de 16 años.

 • Chilpancingo de los Bravo y Chilapa de Álvarez: se registraron partos de niñas de 12 años embarazadas por adultos de entre 28 y 33 años.

 • Arcelia, región Tierra Caliente: una mujer de 23 años tuvo un hijo con un hombre de 94 años (71 años de diferencia).

 • Ayutla de los Libres, Costa Chica: una madre de 34 años con un padre de 92 años (58 años de diferencia).

Bodas infantiles

Como lo documentamos en Noticias Reporte Guerrero, el pasado 23 de febrero, dos menores, Celia y Gael, ambos de 13 años, participaron en una ceremonia tradicional de “arreglo matrimonial” en la comunidad rural de Huamuchitos, Acapulco. El evento incluyó música, banquete y presencia de familias, y fue transmitido en vivo en redes sociales.

Aunque la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez lo describió como un acto cultural no formal y sin efectos legales, el Registro Civil y la Secretaría estatal reforzaron que el matrimonio infantil está prohibido y sirve como base para abrir una investigación y aplicar sanciones quivalentes a cohabitación forzada.

Otro caso que esta agencia documentó en la primera semana de mayo de 2025, fue el de otra boda de menores en San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, región Costa Chica, también bajo “usos y costumbres”.

El evento fue publicado en redes, provocando demanda social de intervención por parte de autoridades competentes, dada la ilegalidad tipificada desde 2022 en Guerrero.  

Matrimonios 

forzados

Por lo antes expuesto, estos nacimientos no pueden analizarse como casos individuales ni como excepciones. Diversos organismos nacionales e internacionales han documentado desde hace años la existencia de matrimonios infantiles arreglados y venta de niñas en comunidades indígenas de la región Montaña, Costa Chica y Sierra de Guerrero.

En Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Iliatenco y otros municipios de alta marginación, activistas han denunciado que niñas de entre 11 y 14 años son vendidas por sus padres a cambio de dinero, animales o tierras, y forzadas a convivir maritalmente con hombres adultos, bajo el amparo de “usos y costumbres”. Esta práctica se mantiene en la impunidad y con silencio institucional, pese a ser una clara violación a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismos civiles como Melel Xojobal y el Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, así como medios independientes, han reiterado que la falta de acceso a la educación, la ausencia del Estado, el machismo y la pobreza extrema propician este tipo de uniones forzadas que derivan en embarazos de riesgo y vidas truncadas.

Silencio oficial

A pesar de la contundencia de los datos y la gravedad de los casos, las autoridades de la Secretaría de la Mujer estatal y la Fiscalía General del Estado han guardado silencio. No hay hasta ahora declaraciones, investigaciones abiertas, ni programas anunciados para prevenir estos abusos o proteger a las víctimas.

Este silencio institucional contrasta con la indignación social. Académicos, colectivos feministas y defensores de derechos humanos han alzado la voz, señalando que estos casos reflejan un estado fallido en materia de protección infantil. El Estado mexicano, señalan, está permitiendo que se vulneren sistemáticamente los derechos de las niñas bajo prácticas normalizadas por la pobreza y el abandono gubernamental.

Niñas, no madres

Más allá del impacto numérico, esta evidencia estadística debería ser un parteaguas para una revisión crítica de las políticas públicas en Guerrero. ¿Dónde están los filtros escolares, médicos y comunitarios? ¿Qué hace la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Cómo es posible que niñas de 10 y 12 años estén dando a luz sin que se activen protocolos penales contra los responsables?

En un estado marcado por el rezago educativo, la violencia patriarcal, la venta de menores y la corrupción institucional, estos datos deben sacudir conciencias y detonar acciones urgentes con enfoque interseccional, culturalmente pertinente y centrado en los derechos de la infancia.

Mientras tanto, el informe completo de la SSA Federal continúa circulando en redes sociales, donde la exigencia principal se resume en un grito colectivo: 

Niñas, no madres.