Armenta modera su postura sobre Agua de Puebla: de la promesa de revertir la concesión a una estrategia de negociación

Puebla, Pue., a 30 de septiembre de 2025
 

Durante su campaña rumbo a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta construyó parte de su discurso político en torno a la crítica a la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento otorgada a la empresa privada conocida como Agua de Puebla (antes Concesiones Integrales). Aseguró en varios eventos que el contrato sería revisado a fondo, con la posibilidad de revertir la privatización si se comprobaban incumplimientos y afectaciones al interés público.

En aquel periodo, Armenta acusó que la concesión había favorecido a particulares, que las inversiones comprometidas no se habían cumplido y que el Estado tenía la obligación de recuperar el control del recurso. Incluso habló de “perseguir” a empresas extractivas que operaran sin responsabilidad social, y puso sobre la mesa la idea de reformas legales o judiciales para poder replantear el futuro de la concesión.

No obstante, aun en campaña, el hoy gobernador advertía que la cancelación del contrato no era una decisión sencilla ni inmediata. Reconocía que revertir la concesión implicaría costos potencialmente millonarios para el erario público, e incluso mencionó que el proceso podría involucrar más de 20 mil millones de pesos en indemnizaciones y litigios.
 

Ya en funciones, la postura del gobernador ha dado un giro hacia una estrategia más cautelosa. En declaraciones recientes, Armenta ha descartado la cancelación inmediata de la concesión de Agua de Puebla, argumentando que hacerlo por decreto sería “inviable” debido al impacto económico y legal que representaría para el estado.

El mandatario ha señalado que una eventual ruptura del contrato podría costar entre 10 y 20 mil millones de pesos, además de dar pie a litigios prolongados. En lugar de apostar por una rescisión abrupta, su administración ha optado por coordinar acciones con la Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica del gobierno estatal, instancias del Poder Judicial y la propia concesionaria.
 

Aunque Armenta sostiene que su compromiso sigue siendo defender el acceso al agua como derecho, las medidas anunciadas muestran un distanciamiento respecto a la narrativa de campaña. Ahora se privilegia un enfoque “racional y estratégico” que evite comprometer las finanzas estatales.
 

El gobernador ha subrayado que su prioridad es obligar a la empresa a invertir y mejorar el servicio, antes que iniciar un proceso de cancelación que podría afectar a las y los poblanos. Asegura que actuar de manera precipitada podría convertir una bandera política en una crisis presupuestal y legal.

En síntesis, si bien el discurso crítico hacia la concesión permanece, la promesa de revertirla ha sido sustituida por una política de negociación y presión institucional. La ciudadanía y los colectivos que impulsaron la desprivatización observan con atención si esta estrategia logrará resultados tangibles o si la concesión seguirá operando bajo las mismas condiciones.