Se pretende que Ayuntamientos incorporen la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en sus reglamentos
Con la finalidad de fortalecer el marco normativo en materia de derechos humanos y combate a la violencia de género, la Comisión de Asuntos Municipales de la LXII Legislatura aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a emitir y armonizar sus disposiciones, atendiendo el marco normativo nacional e internacional en la materia; incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en sus reglamentos.
El proyecto de acuerdo formulado con la propuesta legislativa de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez quien, en sus consideraciones, señala que se debe dotar a los municipios de un marco normativo suficiente para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como revisar y analizar la legislación municipal vigente.
Durante la discusión de este punto del orden del día, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó una propuesta modificatoria al proyecto de dictamen, para que los municipios incorporen la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en sus reglamentos. La propuesta fue respaldada, en su intervención, por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Rosalío Zanatta Vidaurri, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Luana Armida Amador Vallejo
Con esta acción, suman tres personas detenidas por el ataque armado en el que también resultó herida la esposa del candidato.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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