Por redacción
Ciudad de México, 9 de junio de 2025.
Un violento ataque armado se registró esta mañana sobre la carretera libre México–Cuernavaca, a la altura del poblado de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan. Un hombre que se encontraba al volante de una camioneta fue acribillado con al menos siete impactos de arma de fuego, según confirmaron autoridades locales.
El conductor circulaba con dirección hacia la zona del Caminero y la avenida de Los Insurgentes cuando fue alcanzado por las detonaciones. Testigos relatan que los agresores le dispararon directamente, provocando que la unidad se detuviera de inmediato. Las autoridades reportaron al menos siete balazos en el vehículo, confirmando la naturaleza directa y letal del ataque.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonó la zona al percatarse de la agresión. También se solicitó la presencia de servicios de emergencia, quienes llegaron para certificar el deceso mientras recababan casquillos en el sitio.
Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se han detallado los posibles móviles del ataque. La Fiscalía de la Ciudad de México ya ha abierto una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos. Por el momento no se reportan detenidos.
La vialidad registra tráfico lento en la zona debido a las labores de procesamiento del lugar, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar contratiempos.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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