Por redacción
Palmar de Bravo, Pue., a 22 de Julio del 2025
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Juan José N., alias “El Chepe”, de 45 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, ocurrido en el año 2013 en el municipio de Palmar de Bravo.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho tuvo lugar el 18 de febrero de 2013, cuando la víctima fue interceptada por cuatro sujetos mientras laboraba en el paraje “Llano Grande”, en la comunidad de Guadalupe Piletas. Los agresores lo obligaron a subir a una camioneta y lo mantuvieron privado de su libertad.
Más tarde, los secuestradores se comunicaron con la familia de la víctima para exigir un rescate de un millón 500 mil pesos. Tras negociaciones, se pactó un pago de 140 mil pesos, monto que fue entregado a cambio de su liberación en el cerro conocido como “Las Antenas”.
La orden fue cumplida por reclusión, y “El Chepe” enfrenta proceso por el delito de secuestro. La Fiscalía refrenda su compromiso con la justicia, incluso en delitos cometidos hace más de una década.
La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo una serie de cateos en inmuebles relacionados con el presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Durante los operativos, las autoridades decomisaron diversos objetos de carácter ilícito, entre ellos sustancias con características similares a estupefacientes, armamento de fuego, cartuchos útiles y vehículos. Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en el auditorio municipal, donde fueron encontrados tres automóviles y un importante número de municiones. Las investigaciones se mantienen en curso con el objetivo de determinar la procedencia de los objetos asegurados y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se desconoce el paradero del edil, quien no ha emitido declaraciones públicas al respecto. La situación ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que exige transparencia y justicia ante los posibles vínculos del funcionario con actividades delictivas.
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