Resultado del operativo “Vacaciones Seguras”, el Gobierno del Estado de Puebla, detuvo a cuatro personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y detentación de un vehículo con reporte de robo, en el municipio de Tehuacán.
Resultado del operativo “Vacaciones Seguras”, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina y Policía Municipal, detuvo a cuatro personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y detentación de un vehículo con reporte de robo, en el municipio de Tehuacán.
En una primera acción, fueron detenidos Cecilia N., alias “La Tía”, identificada como presunta distribuidora de narcóticos, y David N., alias “El Gordo”. Ambos se encontraban en posesión de envoltorios con posible cristal.
Mientras que en una acción coordinada con fuerzas federales, estatales y municipales, fue detenida Dorotea N., alias “La Dora”, quien estaría presuntamente vinculada con la venta de sustancias ilícitas en Tehuacán. Entre sus pertenencias se le hallaron diversas dosis de aparente cristal.
En otra intervención fue detenido Rigoberto N., quien viajaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.
Las cuatro personas y los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, para las diligencias correspondientes.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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