Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y evitar el manejo indebido de recursos públicos durante los periodos de transición gubernamental.
La diputada María Fernanda de la Barreda Angon, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y evitar el manejo indebido de recursos públicos durante los periodos de transición gubernamental.
La propuesta busca incorporar revisiones preventivas en tiempo real por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante los cambios de administración, con el fin de detectar y corregir posibles irregularidades que comprometan la estabilidad financiera de los municipios y el estado.
De acuerdo con la legisladora, esta iniciativa responde a casos recientes de prácticas indebidas en gobiernos salientes, como la reprogramación irregular de presupuestos, la generación de pasivos sin respaldo financiero y el uso anticipado de recursos destinados a ejercicios fiscales posteriores.
“Es fundamental garantizar que las administraciones entrantes reciban finanzas sanas y no se vean limitadas por decisiones irresponsables de sus predecesores.
Esta reforma fortalecerá la transparencia, la planeación y la fiscalización del gasto público, protegiendo el bienestar de la ciudadanía”, señaló De la Barreda Angon.
La iniciativa propone la adición de un Capítulo IX en el Título Segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que incluiría los artículos 69 Bis al
69 Octies, estableciendo:
• Auditorías preventivas en tiempo real durante la transición gubernamental para evitar desvíos de recursos.
• Revisión de compromisos financieros y reprogramación presupuestaria, asegurando que se alineen con los planes de desarrollo.
• Facultad de la ASE para actuar de oficio y en coordinación con la Contraloría Municipal y el Congreso del Estado.
• Obligatoriedad de implementar medidas correctivas si se detectan irregularidades.
• Sanciones a quienes obstaculicen las auditorías preventivas o se nieguen a proporcionar información.
La diputada subrayó que esta reforma es una medida clave para combatir la corrupción y
garantizar el buen uso de los recursos públicos, evitando que los gobiernos entrantes enfrenten crisis financieras provocadas por malas prácticas de sus antecesores.
“Nuestro compromiso es con una administración pública eficiente y honesta. Con estas reformas, aseguramos que el dinero del pueblo se use en beneficio de la sociedad y no en intereses particulares”, enfatizó.
La iniciativa será analizada en comisiones y se espera que, de ser aprobada, establezca un precedente en la fiscalización de las transiciones gubernamentales en Puebla, fortaleciendo la confianza ciudadana en sus instituciones.
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