Puebla, Pue.
Con el seguimiento jurídico del caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Isaí Jesbam N., por el delito de trata de personas por captación con fines de explotación sexual y corrupción de menores.
El 21 de septiembre de 2016 la entonces Policía Federal, ahora Guardia Nacional, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), respecto a ocho reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
La indagatoria establece que en enero, abril, agosto y septiembre a través de Facebook, Isaí Jesbam N. con el pseudónimo “Dani Ojeda” exigió a seis menores de edad, fotografías sin ropa y realizando actos sexuales.
Mediante diligencias se acreditó que todas las víctimas eran del sexo masculino y residentes del municipio de Tehuacán. El investigado también usaba el perfil de “Payaso Yiyin”, animador de fiestas infantiles que reclutaba a menores de edad como elenco para sus presentaciones.
La entonces PGR remitió el caso a la Unidad Especializada de Investigación de Trata de Personas de la Fiscalía de Puebla.
El acusado fue capturado por elementos de la Gendarmería Nacional en Tehuacán en diciembre de 2016.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, a fin de acreditar la comisión del ilícito y responsabilidad del acusado, presentó elementos probatorios sumando testimonios, evidencia digital y técnicas de investigación de campo, entre otros.
El 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en Tehuacán, Puebla, dictó fallo condenatorio contra Isaí Jesbam N. por los delitos de trata de personas en su modalidad de captación con fines de explotación sexual y corrupción de menores.
La autoridad judicial impuso 68 años de prisión contra el sentenciado y multa de $1’ 742,004 pesos, así como el pago de la reparación del daño de $438,240 pesos, en favor de las seis víctimas.
La sentencia es la más alta que se ha dictado por estos delitos en Puebla, desde la implementación del Sistema Acusatorio en el año 2016.
Con una sentencia de 50 años de prisión, multa de más de 380 mil pesos, el pago de la reparación del daño material por 150 mil pesos y por concepto de daño moral más de 90 mil pesos.
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