La pérdida de las evidencias anula el caso y deja al único detenido en libertad, pues sin indicios materiales, no hay delito que perseguir.
Un cateo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la colonia San Ramón, al sur de la capital, terminó convertido en un nuevo capítulo de incredulidad institucional: las armas, las granadas, la droga y los chalecos tácticos asegurados, desaparecieron.
La operación, realizada el pasado 28 de octubre, formaba parte de una investigación contra un grupo delictivo vinculado a diversos hechos violentos en la ciudad. Durante el operativo, la Fiscalía localizó una casa de seguridad con ocho granadas, tres armas largas, armas cortas, cartuchos útiles, droga y chalecos tácticos.
También se logró la detención de un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.
Hasta ahí, todo parecía un golpe certero al crimen organizado. Pero la historia dio un giro digno de un guion policiaco.
Por protocolo, la FGE pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el resguardo del inmueble. La custodia quedó a cargo del Grupo Especial Táctico de la Policía Municipal, comandado por el mayor Juan Carlos González, actual subsecretario de Inteligencia de la corporación.
Sin embargo, cuando los agentes investigadores regresaron al lugar para continuar las diligencias, las armas, las granadas y la droga habían desaparecido.
No había registro, ni sellos violados, ni testigos de lo ocurrido. Solo silencio y un expediente que ahora pesa más que el propio decomiso.
La pérdida de las evidencias anula el caso y deja al único detenido en libertad, pues sin indicios materiales, no hay delito que perseguir.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el nombre del mayor Juan Carlos González no es nuevo en los pasillos del rumor.
Desde hace semanas, se le señala por presunta colusión con grupos delictivos, lo que habría motivado que la FGE dejara de solicitar apoyo a la SSC en sus operativos, como ocurrió recientemente en la intervención de la 46 Poniente.
La pérdida del arsenal en San Ramón no solo evidencia posibles actos de corrupción, sino también la fragilidad de la coordinación entre dependencias de seguridad en Puebla.
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