Rafael de 12 años fue reportado como desaparecido en 2020; fue hallado sin vida cinco años después en el patio de su casa en Playas del Sur, Puebla.
Los restos de un menor de edad fueron hallados la tarde del lunes 14 de abril de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Playas del Sur en la ciudad de Puebla. Las primeras investigaciones de la Fiscalía apuntan a que se trata de un niño reportado como desaparecido desde el 2020.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el hallazgo ocurrió la tarde de ayer cuando personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, con apoyo de binomios caninos y maquinaria pesada, llegó al domicilio ubicado en la calle Río Grijalva y Coatzacoalcos en Playas del Sur, esto como parte de las investigaciones tras la denuncia por la desaparición del menor Rafael H., de 12 años de edad, en 2020.
Los restos estaban enterrados en el patio de la vivienda, por lo que la zona fue acordonada.
La autoridad ministerial informó que fue la tarde del 6 de octubre del 2020 cuando el menor Rafael salió a la tienda pero ya no regresó a su casa, por lo que su familia realizó una denuncia por su desaparición, y la Fiscalía activó una Alerta Amber con el folio 845/202/FED.
Durante las indagatorias, las autoridades establecieron que el menor era agredido por su padre y su madrastra. Además, la vivienda que habitaba toda la familia fue desalojada tras reportar la desaparición de Rafael, quedando en el abandono desde entonces. Fue en ese mismo domicilio en el que fueron hallados restos óseos.
Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones.
Redacción
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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