Por redacción
Puebla, Puebla | 14 de noviembre de 2025
Una ola de desesperación e indignación se desbordó esta mañana en Puebla capital, cuando decenas de familiares de personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel tomaron el control de una de las principales arterias viales, el Camino al Batán. La acción, un bloqueo total al tránsito, fue motivada por graves y recurrentes denuncias de extorsión, malos tratos y presunta tortura que, aseguran, son prácticas sistemáticas dentro del penal.
Desde tempranas horas, los manifestantes, en su mayoría mujeres, se congregaron portando pancartas con mensajes de auxilio y exigencia de justicia. "¡Basta de extorsiones!", "¡Nuestros familiares están siendo torturados!", y "¡Exigimos la intervención de Derechos Humanos!" eran algunas de las consignas que se leían entre la multitud y que resonaban en la zona. El bloqueo provocó un significativo caos vial, afectando a cientos de automovilistas y transportistas que intentaban circular por la importante vía, en una clara demostración de que la crisis al interior del sistema penitenciario ha escalado hasta las calles.
Los testimonios recogidos en el lugar de los hechos son alarmantes. Los familiares denunciaron que custodios y, en algunos casos, otros internos con el presunto consentimiento de la autoridad, exigen pagos constantes—conocidos coloquialmente como "derecho de piso" o "cuotas"—a cambio de no someter a los reos a condiciones inhumanas, golpizas o traslados arbitrarios a celdas de castigo. Señalaron que el no cumplir con estas exigencias monetarias, que muchas veces superan las posibilidades económicas de las familias, resulta en represalias directas contra los internos.
"Ya no podemos más, es un infierno. Nos piden dinero por todo: por un colchón, por una cobija, por no golpearlos. Si no pagamos, los castigan, les pegan y no los dejan ver la luz del sol. Mi hijo me llamó llorando, dice que lo tienen amenazado", declaró entre sollozos una de las madres manifestantes, cuya identidad se reservó por temor a represalias contra su pariente. La preocupación es palpable, pues los manifestantes temen que la difusión de su protesta desencadene una intensificación de los abusos.
Hasta el mediodía, ninguna autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado se había presentado para dialogar directamente con los inconformes.
Únicamente se observó la presencia de elementos de la policía estatal para intentar persuadir a los manifestantes de liberar la vialidad. Los familiares, sin embargo, se han mantenido firmes en su postura de no retirarse hasta que se establezca una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel que ofrezcan garantías y se comprometan a una investigación inmediata y exhaustiva de las denuncias, así como a sancionar a los responsables de los abusos y las extorsiones dentro del penal de San Miguel. La situación en el Camino al Batán continúa tensa y sin visos de resolución inmediata, mientras que la crisis penitenciaria en Puebla se convierte en un problema de seguridad pública que exige atención urgente.
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