Inhabilitados en el Poder Judicial: 108 Funcionarios Sancionados por Conductas Reprehensibles

En un período que abarca desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha emitido 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La medida más recurrente ha sido la inhabilitación, alcanzando hasta 10 años, seguida de suspensiones que llegan hasta un año, destituciones y otras sanciones, como amonestaciones privadas, públicas, apercibimientos privados y sanciones económicas.

Entre las causas que han llevado a estas sanciones, destacan el acoso sexual, abuso de poder, faltas a la honradez y conductas contrarias a los principios de legalidad y lealtad. En un esfuerzo por mantener la integridad en el Poder Judicial, el CJF ha castigado a jueces de Distrito, magistrados de circuito, actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

Las estadísticas revelan que, en 2020, se impusieron 67 sanciones; en 2021, 70; en 2022, 11; y en 2023, 14. Estos datos evidencian que la problemática no solo persiste sino que también ha experimentado variaciones a lo largo de los años.

En casos emblemáticos, el 30 de septiembre de 2023, un juez del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil, en Jalisco, fue inhabilitado por 10 años por hostigamiento laboral, acoso sexual y violación a disposiciones laborales. Un año antes, un juez del Juzgado Tercero de Distrito en Sonora fue suspendido por hostigamiento laboral y abuso de posición jerárquica.

Estos incidentes no son aislados. En 2021, un secretario del Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito en Morelos fue destituido por hostigamiento sexual, trato inadecuado y falta de profesionalismo. Sus faltas incluyeron el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones judiciales, irregularidades en expedientes a su cargo y declaraciones patrimoniales falsas.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), subraya que estas acciones se rigen por el derecho disciplinario, mediante el cual los órganos del Estado imponen sanciones a los funcionarios que actúan en contravención de la ley. Destaca que estas disposiciones abarcan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos.

Claudia Aguilar, integrante del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), enfatiza que el Consejo de la Judicatura tiene la autoridad para aplicar diversas sanciones, desde amonestaciones hasta la destitución de cargos. La fluctuación en el número de sanciones podría deberse a cambios en los procedimientos sancionatorios o a una mejora en la conducta de los funcionarios.