Por redacción
Puebla, Pue., a 10 de Junio del 2025.
Un joven de aproximadamente 22 años de edad falleció este martes tras caer de un edificio en el exclusivo complejo residencial High Towers, ubicado en la zona de Lomas de Angelópolis.
El incidente provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, quienes acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la caída. Autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente, un acto intencional o si hay terceros involucrados.
Vecinos del complejo permanecen consternados por el suceso, mientras que las autoridades locales mantienen presencia en la zona para continuar con las indagatorias.
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Benjamín Saúl Huerta Corona, exdiputado federal por el partido Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por la violación de un menor de 15 años, delito cometido en abril de 2021. El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla, que determinó que Huerta deberá cumplir su condena sin posibilidad de beneficios sustitutivos, por lo que permanecerá en prisión hasta al menos 2046.   La víctima y su familia se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas recibidas tras la denuncia. El abogado Teófilo Benítez Granados, representante legal del joven, anunció que apelarán la sentencia, buscando que se incremente hasta 40 años, argumentando que la condena actual no es proporcional al daño causado.   Además de esta sentencia, Huerta enfrenta otros dos procesos penales por agresiones sexuales contra menores de entre 13 y 16 años, lo que podría resultar en penas adicionales.  En un caso anterior, en noviembre de 2023, Huerta fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual agravado contra un menor en un hotel de la Ciudad de México en 2019. Aunque inicialmente se le permitió continuar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, permanece en prisión debido a los otros cargos en su contra.   Este caso ha generado un amplio debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de los funcionarios públicos en México. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han instado a las autoridades a garantizar justicia para las víctimas y a implementar medidas más estrictas para prevenir y sancionar el abuso sexual infantil.
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