Odisea Judicial y Económica: El robo de automóviles
En un acto de valentía, José Marcos, residente de la colonia Santa María La Rivera, frustró un intento de robo a su automóvil el 17 de diciembre de 2023. Sin embargo, su hazaña se ha transformado en una odisea judicial y económica que lo tiene luchando por recuperar su vehículo y enfrentando gastos inesperados.
En una entrevista exclusiva, José Marcos relató la experiencia de ese día, cuando descubrió a dos individuos intentando robar su Volkswagen Sedán del año 1991, estacionado en la calle. Rápidamente, solicitó la intervención de la policía municipal, quienes lograron interceptar a uno de los ladrones mientras escapaba con el vehículo de color rojo. Para asegurar que la justicia prevaleciera, José procedió legalmente y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público asignó al abogado Teófilo de Jesús Martínez Olvera, quien solicitó el resguardo del vehículo para la investigación, enviándolo al corralón del Grupo de Grúas GDG. A pesar de estos esfuerzos, la situación dio un giro inesperado durante la audiencia inicial contra el detenido, Abel N. El juez de control ordenó su liberación, argumentando que se excedió el plazo de 48 horas para presentarlo ante las autoridades judiciales, lo que generó una violación a sus derechos procesales.
Sin embargo, el juez también emitió instrucciones para la liberación del vehículo sin costo, reconociendo a José Marcos como víctima. A pesar de esta decisión judicial, la realidad que enfrentó el propietario del automóvil fue diferente. José Marcos señaló que el abogado redactó el oficio de liberación sin dejar claro que era libre de pago. Además, la Fiscalía de Puebla tardó diez días en proporcionar el documento, retraso atribuido a la necesidad de las firmas de Rubén Zamora Castillo y Alfredo Montés Mejía.
La situación se complicó aún más cuando José Marcos se dirigió al corralón para recoger su automóvil. El propietario del lugar le informó que debía pagar 13 mil pesos por gastos de arrastre y piso. Aunque el juez había ordenado que fuera sin costo, el dueño del corralón alegó que el documento no especificaba la exención de pago.
Ante esta situación, José Marcos, quien no dispone de esa suma de dinero, buscó la ayuda del abogado Teófilo de Jesús Martínez Olvera, pero no obtuvo una solución. Desesperado, ahora hace un llamado al Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, solicitando intervención para resolver este dilema que afecta su vida diaria, ya que su automóvil es esencial para su trabajo. Su experiencia plantea cuestionamientos sobre el sistema judicial y la dificultad de actuar correctamente en una sociedad que exige denuncias, pero que a veces parece castigar a quienes lo hacen.
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