Fue ubicado con vida en la ciudad de Puebla
Derivado de la oportuna activación de los protocolos especializados y a la coordinación interinstitucional, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla logró la localización con vida de un menor de edad reportado como desaparecido el pasado 19 de mayo, en el municipio de Puebla.
Así lo dio a conocer el titular Enrique Rivera Reyes, quien detalló que desde el momento en que se recibió el reporte de desaparición, bajo la directriz del gobernador Alejandro Armenta se implementaron acciones inmediatas de búsqueda donde se priorizó el interés superior de la niñez, bajo un enfoque humanitario, diferencial y especializado.
Rivera Reyes agregó que la ubicación del menor fue posible gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General del Estado (FGE) así como al acompañamiento y labor fundamental de las madres buscadoras.
El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con las personas que enfrentan la desaparición de algún ser querido, y reitera su disposición de colaborar con familiares para su localización.
Benjamín Saúl Huerta Corona, exdiputado federal por el partido Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por la violación de un menor de 15 años, delito cometido en abril de 2021. El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla, que determinó que Huerta deberá cumplir su condena sin posibilidad de beneficios sustitutivos, por lo que permanecerá en prisión hasta al menos 2046.   La víctima y su familia se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas recibidas tras la denuncia. El abogado Teófilo Benítez Granados, representante legal del joven, anunció que apelarán la sentencia, buscando que se incremente hasta 40 años, argumentando que la condena actual no es proporcional al daño causado.   Además de esta sentencia, Huerta enfrenta otros dos procesos penales por agresiones sexuales contra menores de entre 13 y 16 años, lo que podría resultar en penas adicionales.  En un caso anterior, en noviembre de 2023, Huerta fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual agravado contra un menor en un hotel de la Ciudad de México en 2019. Aunque inicialmente se le permitió continuar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, permanece en prisión debido a los otros cargos en su contra.   Este caso ha generado un amplio debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de los funcionarios públicos en México. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han instado a las autoridades a garantizar justicia para las víctimas y a implementar medidas más estrictas para prevenir y sancionar el abuso sexual infantil.
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