Por Guillermo Castillo
Luz Arredondo no sólo ha sido violentada por su ex esposo, también ha sido revictimizada por el Poder Judicial de Puebla.
En Puebla, las agresiones contra las mujeres son tan comunes que cada 12 horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibe la denuncia de –al menos– una poblana violentada y según los datos del organismo, en 33% de los casos, el responsable es su pareja y en 13%, su ex pareja.
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) arroja que 93% de los violentadores permanecen en la impunidad y por si fuera poco, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha reconocido que prevalecen las prácticas de revictimización en la autoridad.
La historia de Luz Arredondo Díaz encuadra en cada una de las características anteriores. Durante el último año y cinco meses, esta poblana de 37 años de edad no sólo ha luchado contra Valentín N., su violentador, también contra todas las trabas que ha puesto María de los Ángeles Muñoz Cortés, juez Segundo de lo Familiar en el Distrito de Puebla, para recuperar a su hijo, Lucca.
Tan sólo el pasado 17 de septiembre, la juez resolvió la imposición de una multa de 4 mil 481 pesos y un apercibimiento contra Valentín N., a pesar de que –según un acuerdo del que Encuadre Noticias tiene una copia– él ha desobedecido deliberada y reiteradamente las órdenes judiciales y que la legislación vigente lo penaliza con un arresto de 36 horas por ello.
Le arrebatan a su hijo en plena pandemia
Durante una entrevista con Encuadre Noticias, Luz relata que su peregrinar ante las autoridades ministeriales y judiciales empezó en abril del 2020. En ese momento, Luz tenía la guarda y custodia del pequeño y Valentín N. sólo tenía acceso a visitas parentales.
El 26 de abril, élse negó a devolver al pequeño tras una de estas visitas y cuando ella denunció la sustracción del menor y violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público alegó la parálisis causada por el Covid-19 para no recibirla.
Sin embargo, ante la insistencia de Luz, las autoridades ministeriales finalmente tuvieron que acceder a atenderla y fue entonces cuando descubrió que su ex esposo había llevado un juicio del que ella nunca fue notificada.
Refiere que en el juzgado se habían generado anomalías como evidencias de supuestas notificaciones que jamás se llevaron a cabo y que desembocaron en que por supuesta “rebeldía”, al no presentarse a las audiencias correspondientes, había perdido la guarda y custodia de Lucca.
Luz recurrió a la justicia federal para ampararse, pero el apagón socio-económico derivó en que fuera hasta el 21 de junio de este año, que se le concediera la razón y la juez encargada del caso a nivel estatal tuviera que reponer el procedimiento completo.
Esto, resalta, debía tener como consecuencia que Lucca volviera a su lado; pero con la justificación del supuesto bienestar del menor, la juez sólo concedió visitas virtuales, en videoconferencia, que tampoco se han cumplido a cabalidad ante la negativa del padre para llevarlas a cabo.
Adicionalmente, María de los Ángeles Muñoz Cortés, juez Segundo de lo Familiar, ha tolerado que Valentín N. evada otorgar información como los nombres de los abuelos, la práctica de pruebas periciales sicológicas tanto para él como para el niño y el cumplimiento de las visitas virtuales.
Luz destaca que aún cuando se han demostrado las anomalías en el caso, no se ha logrado que la juez actúe de forma imparcial y con perspectiva de género, y que deje de emitir resoluciones que, señala, sólo tienen apariencia de derecho sin serlo en realidad.
Violencia en aumento
Sin embargo, el calvario de Luz no inició en de 2020, cuando el padre de Lucca lo separó de su madre. En realidad, todo comenzó 15 años atrás, cuando ambos eran novios y ella vivía, sin estar consciente, en una relación violenta.
Al paso de tres lustros y de documentarse, Luz puede reconocer que las agresiones de su entonces novio empezaron como juegos pesados y seis años después, ya casados, se recrudecieron a golpes estratégicamente colocados para evitar marcas visibles y humillaciones.
Explica que muchos allegados intentaron advertirle de la situación; pero sus ojos se abrieron hasta que Lucca nació, menos de un año después de su boda y que él decidió abandonarla con su bebé, ante una complicación médica postparto que la mantuvo hospitalizada.
Luz menciona que él nunca se acercó a su hijo, tampoco peleó por la custodia del pequeño e incluso, refiere, firmó el divorcio sin problemas, una vez que ella aceptó términos como una pensión alimenticia de apenas mil 500 pesos mensuales.
Recuerda que las actitudes condescendientes de su ex esposo cambiaron cuatro años después de la firma del acta de divorcio, cuando ella comentó sobre una relación sentimental que comenzaba a formalizarse.
Menciona que a partir de eso, reiniciaron los comportamientos violentos y comentarios mordaces hasta que logró retener a Lucca y una vez sustraído el pequeño, cortó toda comunicación con ella.
Valentín N., añade, obligó a la escuela en la que estudia el pequeño a restringir los accesos de Luz a las sesiones virtuales, donde todos los padres de familia tienen derecho a observar el desarrollo de las clases de sus hijos, y sólo pudo recuperarlos mediante una orden judicial.
Apunta que cuando tuvo que permitir que el niño la viera de nuevo de forma virtual, comenzó a violentarla a través del pequeño, en quien desarrolló el Síndrome de Alienación Parental, al grado que el chiquillo la trataba hostilmente.
Esto último, destaca, se denomina como violencia vicaria y aunque es un asunto frecuente en nuestro país, no se encuentra tipificado ni penalizado por ningún ordenamiento jurídico; lo que dificulta su combate.
Luz asegura que se mantendrá en pie de lucha hasta recuperar a su hijo y expone que si hace público su testimonio, es para generar conciencia entre otras mujeres que también pudieran ser víctimas de violencia; pero hasta ahora no lo han aceptado o no lo han reconocido.
Tras presentar datos de prueba contra los tres imputados, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
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