Columna en Indagando ando por el mtro. Gerardo Galicia
Si la educación es el pilar de un futuro más justo, los datos más recientes muestran que en Puebla ese pilar se está levantando con materiales de distinta calidad, según se pague la mensualidad.
La empresa INDAGA, en colaboración con una asociación civil, encuestó a padres de familia de niños de primaria en escuelas públicas y privadas de la zona metropolitana del estado. Lo que hallaron es una fotografía cruda de las percepciones —y, en muchos casos, de las carencias— que separan dos sistemas educativos que deberían compartir un objetivo común: formar ciudadanos críticos y competentes.
A la pregunta directa sobre su satisfacción con la calidad de enseñanza, la brecha fue clara. En las escuelas privadas, un 45.8% de los padres declararon estar muy satisfechos o satisfechos. En contraste, en las escuelas públicas, ese porcentaje apenas llega al 22.8%. Prácticamente la mitad. Mientras tanto, la insatisfacción en el ámbito público alcanza un 35.3%, casi el triple del 22.4% registrado en el privado.
Es decir: un tercio de los padres de escuelas públicas admite abiertamente que la educación de sus hijos les deja un sabor amargo. Este dato debería encender todas las alarmas en la Secretaría de Educación estatal y federal.
Pero la autopsia de la percepción no acaba ahí. A la hora de identificar qué áreas requieren mejora, el contraste es más doloroso. En las privadas, un 19.6% de los padres consideró que no hay nada que mejorar. En las públicas, solo un 4.3% tuvo esa impresión. De hecho, las carencias fueron casi universales:
Un 23.5% pide mejor calidad docente en escuelas públicas, contra un 16.4% en privadas.
Un 22.3% reclama mejores instalaciones y recursos públicos, frente al 20.5% privado.
Y un 20.5% demanda más atención a problemas emocionales y de conducta, casi el doble del 12.4% privado.
El dato más inquietante es que la crítica en las escuelas públicas está atomizada en todas las dimensiones: métodos, personal, recursos materiales y contención emocional. Dicho de otro modo, no es un solo punto débil: es una red completa de vulnerabilidades.
Mientras tanto, la educación privada se percibe con menos problemas, aunque tampoco es un edén pedagógico: casi uno de cada cinco padres quiere que mejoren instalaciones, y un porcentaje similar pide mayor calidad docente.
Pero si algo revela esta encuesta, es el peligro de que la educación pública pierda legitimidad social. Que un 35% de los padres la consideren insatisfactoria y que la mayoría identifique varias áreas deficitarias no es un problema de percepción: es un síntoma de abandono.
La promesa de que “la educación pública es la gran igualadora de oportunidades” se convierte en un eslogan hueco si no se traduce en inversión real, capacitación docente, mejora de infraestructura y programas que atiendan no solo la enseñanza, sino el bienestar integral de los niños.
La sociedad paga un costo altísimo cuando normalizamos que las escuelas públicas sean un espacio de expectativas bajas. Lo paga el alumno que termina creyendo que debe “conformarse” con menos. Lo paga la comunidad que recibe jóvenes menos preparados. Y lo paga el país entero, que se jacta de contar con educación gratuita, pero que no se atreve a preguntarse a qué precio.
Es hora de asumir que el problema no es la comparación con la educación privada. El problema es que los niños que asisten a la pública también merecen la misma dignidad, la misma exigencia y la misma esperanza de un futuro mejor.
Y los números de esta encuesta, más que un diagnóstico, son un llamado a la conciencia colectiva.
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Con el propósito de mantener una vinculación activa y constante entre la escuela y las comunidades, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, presidió la sesión de instalación del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. Durante la sesión, la alcaldesa designó a la regidora Raquel Zacatzi Fragoso como consejera presidenta suplente, y destacó que para su administración la educación es una prioridad. Subrayó que este órgano auxiliar se instala en cumplimiento de la normatividad vigente, con el fin de dar seguimiento a las demandas escolares y establecer mejores formas de comunicación, atendiendo de manera inmediata dentro del ámbito de competencia de cada integrante y de la institución que representa. El consejo está conformado por personal directivo de diferentes escuelas, así como por titulares y funcionarios del ayuntamiento. Estas y estos integrantes fungirán como enlaces para gestionar acciones y medidas que mejoren la educación, impactando directamente en los espacios y comunidades escolares. Entre sus funciones estarán: gestionar mejoras en la infraestructura educativa, promover actividades culturales, artísticas y deportivas, así como impulsar apoyos como becas para alumnas y alumnos. Todo ello con el objetivo de favorecer el desarrollo educativo y fortalecer la práctica docente con mayor calidad. El gobierno municipal reitera su compromiso con una participación social permanente que contribuya al desarrollo educativo del municipio.
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