La SSP implementó el operativo Transporte Protegido que permitió la detención de un hombre y una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de robo.
Como parte de la estrategia para combatir los delitos en el transporte público, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó el operativo Transporte Protegido que permitió la detención de un hombre y una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de robo.
Como resultado de una pronta intervención, la Policía Estatal detuvo a Marco Antonio N., y Elizabeth Mónica N., señalados por un ciudadano de despojarlo de un equipo telefónico cuando viajaba en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Mediante la intervención que tuvo lugar en el paradero ubicado en la Avenida 11 sur, a la altura de la colonia San Francisco Mayorazgo, las fuerzas estatales lograron recuperar el teléfono de la víctima.
Por lo anterior, Marco Antonio N., y Elizabeth Mónica N., quedaron a disposición de la autoridad ministerial para iniciar con las investigaciones correspondientes.
La SSP refuerza las acciones preventivas y operativas para propiciar espacios seguros para las y los usuarios.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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