Por redacción
Puebla, Pue., a 6 de agosto de 2025.
La violencia volvió a cobrar víctimas inocentes en las carreteras de Puebla. Un hombre y su hijo fueron brutalmente asesinados durante un asalto registrado en la autopista, donde un grupo armado les robó la camioneta que acababan de adquirir.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas regresaban de realizar la compra del vehículo, cuando fueron interceptadas por sujetos armados que los obligaron a detenerse. Al parecer, los agresores intentaron despojarlos de la unidad por la fuerza, y al resistirse, ambos fueron baleados a sangre fría.
El doble homicidio ha generado indignación entre familiares, vecinos y usuarios de redes sociales, quienes exigen justicia y mayor seguridad en las autopistas del estado, muchas de las cuales se han convertido en zonas de alto riesgo para los conductores.
Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes y han iniciado un operativo de búsqueda para localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos.
Este hecho se suma a la creciente ola de asaltos con violencia en carreteras poblanas, donde los robos de vehículos, incluso a plena luz del día, continúan en aumento sin una respuesta contundente por parte de las autoridades.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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