Se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
La Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Seguridad Pública del Estado (SSP), cateó diversos inmuebles en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán, donde se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
Como resultado de labores de inteligencia y de campo realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas en los puntos referidos, entre estas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como venta y distribución de droga, se logró identificar cuatro inmuebles utilizados para estos fines, por lo que se solicitaron las órdenes de cateos correspondientes.
Los inmuebles e indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, en tanto continúan las investigaciones a fin de conocer su naturaleza así como para dar con los responsables de estas actividades ilícitas.
Benjamín Saúl Huerta Corona, exdiputado federal por el partido Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por la violación de un menor de 15 años, delito cometido en abril de 2021. El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla, que determinó que Huerta deberá cumplir su condena sin posibilidad de beneficios sustitutivos, por lo que permanecerá en prisión hasta al menos 2046.   La víctima y su familia se vieron obligados a abandonar el país debido a amenazas recibidas tras la denuncia. El abogado Teófilo Benítez Granados, representante legal del joven, anunció que apelarán la sentencia, buscando que se incremente hasta 40 años, argumentando que la condena actual no es proporcional al daño causado.   Además de esta sentencia, Huerta enfrenta otros dos procesos penales por agresiones sexuales contra menores de entre 13 y 16 años, lo que podría resultar en penas adicionales.  En un caso anterior, en noviembre de 2023, Huerta fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por abuso sexual agravado contra un menor en un hotel de la Ciudad de México en 2019. Aunque inicialmente se le permitió continuar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, permanece en prisión debido a los otros cargos en su contra.   Este caso ha generado un amplio debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de los funcionarios públicos en México. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han instado a las autoridades a garantizar justicia para las víctimas y a implementar medidas más estrictas para prevenir y sancionar el abuso sexual infantil.
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