Reforma Energética.

Para analizar la importancia de lo ocurrido en las últimas semanas cuando primero en la cámara de diputados y posteriormente en el senado se votó a favor los dictámenes de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución referentes al sector energético resulta esencial observar lo que ha sucedido en otros países al respecto.

No olvidemos que en los últimos años parece haberse puesto de moda en diferentes países adoptar una política de privatización del sector energético bajo el sustento teórico de que la empresa privada es mucho más eficiente que la pública y, por tanto, si la iniciativa privada se hace cargo del sector energético o de hidrocarburos los precios tendrían que bajar dado la alta competitividad laboral y eficiencia administrativa.

De esta manera, si la tarifa de luz o el precio de los combustibles bajan los ciudadanos se verían beneficiados ante tal situación al tiempo que las empresas del país podrían reducir sus costos de producción y ser más competitivas.

La idea anterior ha llegado a convertirse en un precepto casi sagrado para muchos de los tecnócratas de la administración pública que consideran que el Estado debe involucrarse lo menos posible en el mercado.

Sin embargo, si algo hemos podido observar a lo largo de la historia es que el libre mercado es imperfecto y que en muchas ocasiones se requiere la intervención del Estado para corregir, regular o desarrollar los principales sectores de la economía nacional.

Dejando la ideología de lado, la pregunta que debemos formularnos es: ¿la desregulación de la economía ha afectado los precios, la cobertura y la calidad de los servicios?

En un libro publicado en el 2005 por Sharon Beder titulado “La lucha por el control de la electricidad en el mundo” el autor expone el ejemplo de lo que en ese momento atravesaba el sector energético en Estado Unidos.

En el libro Sharon Beder señala que desde el momento en que en Estados Unidos se introdujo la desregulación federal de los precios – en el lejano año de 1996-  la electricidad había superado los costos de producción en muchos estados.

Es decir, que los estados que continuaban con el modelo de regulación federal con producción de energía eléctrica con empresas del Estado mostraban tarifas más bajas que aquellos estados que había permitido a las empresas privadas participar en el mercado eléctrico.

Además de presentar una inconsistencia; la variación de las tarifas de un estado a otro con diferencias de entre 20 y 30%, esto es, que no había un precio promedio estandarizado para todo el país.  

Esta situación generó que las empresas que estaban instaladas en un estado prefirieran suministrar electricidad a otros estados mucho más lejanos pero que en ese momento tuvieran una tarifa más elevada con el objetivo de incrementar sus ganancias a pesar de que tal decisión implicaba un riesgo de falta de suministro en ciertas localidades.

Por si fuera poco, la desregulación federal también incentivó malas prácticas por parte algunas empresas privadas que comenzaron a manipular el suministro de la energía a su entero capricho, creando artificialmente escasez y así inducir un incremento en la tarifa eléctrica.

Ante este escenario de malas prácticas comerciales es el Estado el que debe de actuar inmediatamente para corregir las incoherencias del mercado…claro, siempre y cuando tenga la fuerza para hacerlo.

Otro dato relevante que es importante mencionar es el que la Administración de Información de Energía (EIA) proporcionó a finales de año del 2021 al señalar que la tarifa anual promedio de los proveedores privados se habían elevado 13% respecto a los de las empresas públicas.

Dicho lo anterior pasemos al caso mexicano.

Una vez que el gobierno federal concretó el pacto por México en el 2013 en el que se optaba por la participación abierta del sector privado en la generación eléctrica en el país se acentuó de una manera muy evidente el debilitamiento constante de la CFE.

De esta manera la CFE pasó de generar el 64% de la energía eléctrica en 2013 a generar el 36% del mercado en el 2021, casi la mitad de lo que producía.

Si esa tendencia hubiera continuado seguramente la CFE habría desaparecido en 12 años. 

Una vez extinta el Estado mexicano ya no tendría forma de como planear y desarrollar las necesidades del país en cuestión eléctrica, entonces, quedaríamos a merced de 5 monopolios extranjeros cuyo único interés es el obtener utilidades a toda costa.

Para evitar que este caso hipotético se pueda hacer realidad es que se ha optado por modificar tres artículos de la Constitución donde se determinó; el cambio de denominación o status de la CFE de empresa productiva por empresa pública del estado, done se establece la prevalencia de la empresa pública sobre la privada en el tema de abastecimiento de generación eléctrica y en donde se acuerda que la participación de las empresas privadas será hasta de un 46% del mercado nacional.

Por supuesto que es importante considerar los argumentos en contra y los informes de diversos organismos como el IMCO que menciona que estos cambios constitucionales pueden generar un ambiente de incertidumbre a inversores privados extranjeros.

Sinceramente yo no lo creo porque dejarles en LEY el 46% del mercado nacional a la iniciativa privada es un negocio gigante, del tamaño de España.

¿Y la transición energética? .... Uyyyy, la realidad es que no hay un plan a largo plazo de transición energética constitucional ni de políticas públicas al respecto. 

Esta será una asignatura pendiente –creo yo para la próxima administración-.