Por redacción
Puebla, Pue. – 17 de junio de 2025.
En una acción contundente para fortalecer la seguridad pública en el estado, el gobernador Alejandro Armenta encabezó este día la entrega de 100 patrullas y 10 torres de videovigilancia a la Policía Estatal. La iniciativa forma parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar mayor protección a la ciudadanía.
Durante el evento, el mandatario destacó que esta inversión representa un paso firme hacia un estado más seguro y ordenado. “Juntas y juntos trabajamos por la seguridad de las familias poblanas. Esta entrega no solo simboliza equipamiento, sino el compromiso con la paz y la justicia”, afirmó Armenta.
Las nuevas patrullas estarán distribuidas estratégicamente en diversas regiones del estado, mientras que las torres de videovigilancia se colocarán en puntos clave para reforzar el monitoreo en zonas de alta incidencia delictiva.
Autoridades estatales, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Policía Estatal estuvieron presentes en el acto, destacando que esta entrega forma parte de un plan de modernización tecnológica y operativa para el combate al crimen.
Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso de construir un entorno más seguro, apostando por la prevención del delito y la reacción inmediata ante situaciones de riesgo.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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