Los criminales se apoderaron de vehículos y con ellos bloquearon vialidades de esa región para dificultar su persecución
Por lo menos cinco puntos carreteros afectados por narcobloqueos que incluyeron la quema de vehículos, fueron reportados esta tarde en el municipio de La Huerta y en la carretera 80 que va de Autlán a Casimiro Castillo, este último municipio donde se encuentra una base de la Guardia Nacional que fue atacada y desató la respuesta de las autoridades en toda esa zona de la costa sur de Jalisco.
Los criminales se apoderaron de vehículos y con ellos bloquearon vialidades de esa región para dificultar su persecución; preliminarmente se informó de tres uniformados lesionados.
Aunque todavía no se genera un reporte oficial, se informa que en la carretera 80 hubo bloqueos cercanos a las localidades de Ahuacapán, El Zapotillo, El Corcovado y Lázaro Cárdenas.
La carretera que va de Autlán a Villa Purificación, considerada la región donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene su principal base, también tuvo un bloqueo.
El gobierno autlense emitió una alerta de seguridad a los ciudadanos y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció la suspensión de clases en su campus, también en Autlán.
Vía: La Jornada
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La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo una serie de cateos en inmuebles relacionados con el presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Durante los operativos, las autoridades decomisaron diversos objetos de carácter ilícito, entre ellos sustancias con características similares a estupefacientes, armamento de fuego, cartuchos útiles y vehículos. Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en el auditorio municipal, donde fueron encontrados tres automóviles y un importante número de municiones. Las investigaciones se mantienen en curso con el objetivo de determinar la procedencia de los objetos asegurados y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se desconoce el paradero del edil, quien no ha emitido declaraciones públicas al respecto. La situación ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que exige transparencia y justicia ante los posibles vínculos del funcionario con actividades delictivas.
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