Estas acciones se llevaron a cabo luego de que la Asociación Civil TAC realizara una denuncia derivado de una nota que circulaba en redes sociales alertando la presencia de varios perros que llevaban días sin recibir alimento ni agua
La Fiscalía General del Estado rescató con apoyo de la Secretaría de Marina y del Instituto de Bienestar Animal del estado, a cuatro caninos que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato en un taller mecánico del municipio de Tehuacán, Puebla.
Estas acciones se llevaron a cabo luego de que la Asociación Civil TAC realizara una denuncia derivado de una nota que circulaba en redes sociales alertando la presencia de varios perros que llevaban días sin recibir alimento ni agua, permaneciendo a la intemperie bajo condiciones insalubres dentro de un taller mecánico con el rótulo “AAA”, ubicado en calle Daniel González, número 1310, de la colonia 24 de Febrero.
Derivado de lo anterior, la Fiscalía del Estado acudió al lugar junto con personal especializado, constatando el maltrato, incluso, fue hallado otro canino sin vida, por lo que se procedió al rescate de los animales mismos que fueron trasladados a un refugio temporal donde reciben atención veterinaria y cuidados necesarios para su recuperación.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal e invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier acto de maltrato o abandono, en tanto continúa con las investigaciones para dar con el responsable de estos hechos.
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En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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