Redacción
Puebla, 25 de abril de 2025
El pasado lunes 21 de abril se celebró una nueva audiencia en el proceso judicial que involucra a Javier López Zavala, Silvestre N. y Jair N., acusados por el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón. En dicha sesión judicial, salieron a la luz testimonios que apuntan directamente a una supuesta fabricación del caso por parte de la Fiscalía de Puebla, entonces encabezada por Gilberto Higuera, bajo el gobierno de Miguel Barbosa.
Dos testigos clave presentados por la parte acusadora dieron declaraciones que, lejos de fortalecer la versión oficial, pusieron en duda los argumentos de la Fiscalía. La primera testigo, trabajadora de un Auto Hotel en la zona de Totimehuacán, aseguró que nunca vio a Jair N. ni a Silvestre N. en el sitio donde, según la Fiscalía, se habrían reunido para planear el crimen. Incluso señaló que el día del asesinato no se encontraba laborando, lo que derrumba parte esencial de la narrativa oficial.
Otro momento revelador de la audiencia ocurrió cuando los testigos Cecilia y Juan coincidieron en haber sido llevados por un agente del Ministerio Público, identificado como Tonatiuh Gutiérrez, en un vehículo oficial. Ambos afirmaron que durante el trayecto fueron instruidos para declarar en contra de Silvestre N., incluso señalando que se les mostró una fotografía de alguien que no conocían, pero que debían identificar como parte de su testimonio.
Al ser cuestionados por la defensa, los testigos confirmaron en sala la presencia del agente que les dio dichas instrucciones, apuntando directamente a Gutiérrez, colaborador cercano del entonces Fiscal Higuera.
A estas revelaciones se suma un hecho previamente documentado: la declaración de un agente ministerial que reconoció que Jair N. fue torturado para aceptar su participación en el crimen. Durante los interrogatorios, los agentes le mostraron videos en los que su esposa e hija eran golpeadas, usándolos como método de presión para forzar una confesión.
Estas revelaciones refuerzan la versión de que el caso habría sido manipulado desde sus orígenes, presuntamente como una vendetta política por parte del exgobernador Miguel Barbosa contra López Zavala. Hasta el momento, no existe prueba contundente que vincule a Jair N. ni a López Zavala con el asesinato de Monzón, más allá de declaraciones obtenidas bajo condiciones cuestionables.
La defensa ha instado a la actual Fiscal General, Idamis Pastor, a revisar los videos completos de las audiencias, donde se evidencian contradicciones, presiones y posibles irregularidades en la actuación de los fiscales e investigadores.
A casi tres años del crimen, la justicia para Cecilia Monzón sigue sin llegar, mientras la credibilidad de la Fiscalía de Puebla, bajo la administración pasada, continúa desmoronándose ante el peso de los testimonios y las pruebas.
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