Vinculan a Proceso a Marilyn Cote, la 'Falsa Psiquiatra' de Puebla

Segunda Vinculación a Proceso para Marilyn Cote, la 'Falsa Psiquiatra' de Puebla

Puebla, 5 de febrero de 2025 — A dos meses de su detención en Tlaxcala, Marilyn Cote, identificada como una falsa psiquiatra en Puebla, enfrenta una segunda vinculación a proceso, esta vez por el delito de amenazas. La decisión fue tomada la noche del martes tras una audiencia con un Juez de Control, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación.

La audiencia tuvo lugar el 4 de febrero en la Casa de Justicia de San Pedro Cholula, tras haber sido suspendida en tres ocasiones previas: primero por la falta de defensa legal para Cote, luego por una crisis nerviosa que sufrió y finalmente por su petición de acogerse a la duplicidad del término constitucional.

Durante la sesión, el Juez de Control analizó diversos indicios presentados por la FGE, derivados de una denuncia por amenazas interpuesta por dos vecinos de Cote en un fraccionamiento de Cuautlancingo. La supuesta agresión ocurrió el 18 de noviembre de 2023, cuando, presuntamente molesta por el ruido, Marilyn habría amenazado a los afectados con un arma de fuego.

El juez consideró suficientes las pruebas para vincular a proceso a Cote, quien ya enfrenta una acusación previa por usurpación de profesión al hacerse pasar por psiquiatra sin contar con la formación académica correspondiente. Por este delito, ya acumula cerca de 20 denuncias de expacientes, quienes aseguran haber recibido tratamientos, terapias e incluso prescripciones médicas ilegítimas.

Durante la audiencia, Marilyn Cote negó haber amenazado a sus vecinos con un arma. Sin embargo, continuará su proceso en prisión preventiva en un centro penitenciario de Ciudad Serdán, mientras se desarrolla la investigación complementaria. En los próximos dos meses, las partes afectadas podrán aportar más pruebas que fortalezcan el caso.

Por el delito de amenazas, Cote podría enfrentar una pena de seis meses a un año de prisión o, alternativamente, de 31 a 80 días de servicio comunitario, según la determinación final de las autoridades