La camioneta huyó rumbo al estado de Tlaxcala.
Un niño de 2 años murió luego de ser atropellado por una camioneta que manejaba a toda velocidad. La mamá del menor también se reporta grave luego del accidente.
Los hechos ocurrieron el 11 de marzo en inmediaciones de la Central de Abasto Puebla. Con base en un video, se observa una camioneta huyendo del lugar a toda velocidad.
Tras el accidente las dos víctimas fueron llevadas a un hospital. Sin embargo, este sábado se reportó el deceso del pequeño Cristopher de tan solo dos años de edad.
Familiares de la víctima, dijeron que la mamá de nombre Emily, también se reporta grave tras el accidente.
A decir de los testigos, el responsable del ataque presuntamente escapó con sentido a Tlaxcala. Hasta ahora no hay un posicionamiento oficial por parte de las autoridades de Puebla.
En Puebla, la comunidad LGBTTTIQ+ sigue enfrentando un panorama preocupante de impunidad frente a los crímenes de odio y transfeminicidios. Aunque en 2020 se creó una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender estos delitos, su desempeño ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles y activistas. De acuerdo con cifras oficiales, esta unidad ha abierto 319 carpetas de investigación, pero más del 78% de ellas han sido archivadas sin llegar a una acción penal concreta. Peor aún: solo se han conseguido dos sentencias, lo que revela una profunda ineficacia institucional. Un caso emblemático que sigue resonando es el de Agnes Torres, psicóloga y activista trans asesinada en 2012. En ese entonces, la legislación estatal no contemplaba figuras como el crimen de odio ni el transfeminicidio, por lo que su caso fue investigado como un homicidio común. A más de una década, sigue sin reconocerse jurídicamente como un crimen de odio. Además de la falta de resultados, persiste un vacío legal: el Código Penal de Puebla aún no tipifica el transfeminicidio como delito. Esta omisión no solo impide que los asesinatos de mujeres trans se clasifiquen adecuadamente, sino que obstaculiza todo el proceso judicial desde la investigación hasta la sanción. A esto se suma que la unidad especializada carece de personal con formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que limita seriamente su capacidad para brindar justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Ante esta situación, colectivos y defensores de derechos humanos exigen al Congreso de Puebla reformas legales urgentes y un fortalecimiento real de las capacidades de la FGE. Mientras tanto, la impunidad y el abandono institucional siguen dejando a la comunidad LGBTTTIQ+ en una situación de alta vulnerabilidad.
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