El cese de las Concesiones Mineras

Con la llegada finalmente de la izquierda al poder en México uno de los asuntos que fueron por años bandera de lucha y discusión ideológica abierta por parte de los diversos grupos progresistas, el de las concesiones mineras, tomó preponderancia como eje fundamental de la agenda nacional.
Ya en la campaña del año 2018 el entonces candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador había anticipado de manera recurrente en la mayoría de sus discursos notoriamente nacionalistas que diferentes sectores altamente estratégicos de la economía deberían de estar en manos de empresarios nacionales, o mejor aún, en poder del Estado mexicano para poder garantizar así la soberanía del país.
En este sentido el tema de las concesiones mineras evidentemente formaba parte fundamental de este sector de la economía que tenía que ser revisado a toda costa…y así fue hecho.
Como todos sabemos, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el último encabezado por Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano había autorizado la sorprendente cantidad de 65 mil concesiones mineras, lo que representa un promedio de 180 concesiones por mes.
¡La cantidad es exorbitante! Y más si tomamos en cuenta que no estamos hablando de la asignación o el permiso para el aprovechamiento un bien menor de poco valor, por el contrario, son acuerdos a largo plazo para la explotación de miles de hectáreas en territorio nacional.
De acuerdo a datos oficiales vertidos por el Gobierno mexicano, en los últimos 30 años el número de concesiones vigentes ha llegado a abarcar una superficie de 21 millones de hectáreas.
Para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando basta decir que el tamaño del estado de Puebla es de 3.5 millones de hectáreas lo que representa una superficie de tierra mucho menor a la que poseen las grandes compañías mineras que se encuentran en el país.
Lo anterior me lleva a recordar invariablemente la época anterior a la Revolución Mexicana donde los grandes latifundistas poseían haciendas del tamaño de estados enteros. 
Uno de los casos más emblemáticos que ejemplifican lo expuesto en el párrafo anterior es el del hacendado mexicano Luis Terrazas quien cínicamente llegó a afirmar que: “yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mía”. Y es que de acuerdo a las crónicas de aquellos tiempos el poderoso hacendado llegó a apropiarse de más de 2 millones de hectáreas en su momento de mayor esplendor.
*Claro que este tipo de excesos fuera de toda lógica no se dan únicamente en países como México. En nuestro vecino país del norte también se han estado dando este tipo de acciones, es decir, el acaparamiento de tierras –para diferente tipo de usos- en unas cuantas manos.
Tal es el caso del fundador de Microsoft Bill Gates reconocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo y quien últimamente se ha dado a la tarea de llevar a cabo una amplia diversificación de sus negocios entre los que destacan grandes inversiones en empresas farmacéuticas y de agricultura, convirtiéndose hace poco en el mayor terrateniente de Estados Unidos, es decir, en el Luis Terrazas norteamericano del siglo XXI.*
Volviendo al tema nacional, el congelamiento momentáneo de las concesiones mineras por parte del presidente ha sido una decisión acertada, sobre todo, cuando las regalías que las empresas mineras entregan al Estado mexicano son insignificantes en comparación a las jugosas utilidades que se llevan.
Sin duda era un exceso que debía de detenerse…pero no bastaba con eso.
A partir de los resultados dados a conocer por la empresa Bacanora Lithium en el año 2018 los yacimientos de oro, plata y sobre todo litio en estados como el de Sonora ha incrementado el interés de las grandes Compañías mineras para hacerse de nuevas concesiones en la región.
Por eso ha sido de vital importancia el trabajo desarrollado en la cámara alta primero concientizando y después legislando una reforma a la Ley Minera para garantizar el dominio pleno y exclusivo del litio (nuevo oro blanco) y demás materiales considerados como estratégicos en manos del Estado mexicano. 
A continuación, transcribo fielmente el Artículo 1 de la nueva Ley Minera:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, a quien en lo sucesivo se le denominará la Secretaría, salvo lo relativo a la exploración, la explotación, beneficio y el aprovechamiento del litio, que quedará a cargo del organismo público descentralizado a que se refiere el artículo 10 de esta Ley

Para conseguir esta modificación constitucional, el partido gobernante decidió emplear hábilmente un discurso nacionalista como sustento ideológico para llevar a cabo la iniciativa presidencial y que bien se podría resumir de la siguiente manera: el litio, mineral cuyo valor de mercado sigue subiendo año con año, debería de utilizarse para el beneficio del desarrollo nacional y no de unas cuantas empresas foráneas.
El mensaje lució perfecto; corto, entendible, nacionalista y creíble. 
No como el Plan B de la reforma electoral –poco nítido, más bien confuso y ausente de patriotismo- que ha demostrado tener una resistencia mucho mayor por parte de la oposición y que no ha podido permear en la ciudadanía en general…pero esa ya es otra historia.