Arturo Romero Garrido
El pasado 8 de marzo se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país movilizaciones de gran tamaño e impacto social para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
El acontecimiento -que es de la mayor importancia para una sociedad en la que las mujeres han tenido que remar contra corriente en diferentes ámbitos que se presentan en la vida cotidiana- congrega cada vez a más mujeres decididas a exigir una serie de demandas por demás nobles y justas.
Demandas que la sociedad debería de ir cumpliendo fielmente para establecer de una vez por todas las condiciones de verdadera justicia, seguridad e igualdad entre hombres y mujeres, aspiración genuinamente deseada por generaciones.
Dentro de esta serie de demandas públicas que se encuentran pendientes por resolver jurídicamente sobresale sin lugar a dudas la referente a la despenalización del aborto, bandera de lucha y elemento de cohesión de los diferentes grupos feministas.
Cabe mencionar que la presión social que las movilizaciones generan han terminado por alcanzar (por fin) a los representantes del pueblo, es decir, a los diputados locales y de manera más específica a aquellos con ideología de izquierda quienes por lo general suelen ser más afines a éstas cuestiones.
Hasta cierto punto resultaría lógico considerar que los diputados de Morena tendrían que ser los primeros en escuchar y promover el debate sobre la despenalización del aborto.
En ese sentido, no es de extrañar que el presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso de Puebla, el diputado Lalo Castillo del partido Morena manifestara tres días después de la conmemoración del día Internacional de la Mujer que presentaría una iniciativa para despenalizar el aborto en el estado.
Y aunque uno podría considerar que la decisión de presentar una iniciativa luce en principio un mero trámite, existe un trasfondo político mucho más delicado y complejo de lo que aparenta.
Claro que son pocos los analistas los que han advertido de manera puntual las implicaciones sociales y políticas que esto podría acarrear en nuestra sociedad y, sin duda alguna, uno de ellos es el abogado Atilio Alberto Peralta quien en un artículo titulado “En la antesala de un conflicto religioso” lo informa de manera mucho muy claro.
En primer lugar, porque para poder legalizar el aborto es imperativo modificar la Constitución del Estado de Puebla ya que en su artículo 26 señala que: “La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”.
Y para lograrlo es necesario “el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, que acuerden las reforma...” y por si fuera poco que “éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos”.
Si las discusiones y polémicas que podrían generarse en el Congreso de Puebla al momento de discutir la despenalización del aborto entre las diferentes bancadas podrían alcanzar un clima de tensión (tan habitual en democracias como la nuestra donde se suele anteponer la forma y no el fondo) y, por tanto, una difícil negociación política para conseguir los votos necesarios, ¿se imaginan después llevar a cabo este mismo procedimiento en los cabildos de los diferentes de los municipios del estado de Puebla? ...ufff.
Simplemente imaginen el escenario que podría desatarse, por ejemplo, en un pequeño municipio como Huehuetlán el Grande reconocido por la veneración que recibe en su iglesia principal el famoso niño patrón, donde la mayoría de las familias siguen conservando un férreo sentimiento conservador y en donde el sacerdote del pueblo sigue ejerciendo un liderazgo sin igual.
Y entonces llega el día en que en sesión de cabildo comienza a discutirse la legalización del aborto.
¿Se pueden imaginar cómo se calentarían los ánimos dentro y fuera del Palacio Municipal?
Por ejemplo, ¿creen que permanecería oculto y callado el líder religioso o, por el contrario, convocaría como lo hiciera el padre de la patria – el cura Hidalgo- a la unidad del pueblo para influir y dar marcha atrás a tal campaña?
No cabe duda que cumplir con todo el procedimiento legal que requiere la despenalización del aborto es toda una proeza, aunque al final del día sería lo conducente si es que en verdad se quiere avanzar en este asunto tan demandado sobre todo por las nuevas generaciones de mujeres que no dejarán de poner el dedo en el renglón hasta cumplan con sus demandas.
PLAN B
Claro que siempre existen otras formas de llevar a cabo las cosas, es decir, siempre existe la posibilidad de inventar un plan B, aunque éste pudiera contar con un cierto grado de inconstitucionalidad.
Y es que el posible plan B bien podría consistir en “expedirse la legislación concerniente sin derogar previamente la fracción VI del Artículo 26 aludiendo a alguna interpretación”, acción que podría ser sujeta a una impugnación en el Tribunal Superior de Justicia por parte de los ciudadanos siempre y cuando se reunieran las firmas mínimas requeridas.
De modo que cualquiera que sea el camino que elija el Congreso de Puebla para avanzar en el asunto de la despenalización del aborto resultará largo y tortuoso, una auténtica encrucijada.