Efectos de la austeridad republicana en los municipios

Efectos de la austeridad republicana en Municipios. 

En plena campaña electoral de 2018 el entonces candidato a la presidencia de la República Mexicana,  Andrés Manuel López Obrador señaló en múltiples ocasiones que todas las administraciones (sexenios) anteriores se habían caracterizado por un manejo erróneo y excesivo de los gastos gubernamentales, algo que él catalogó como un acto de derroche o de dispendio de recursos públicos.
De este modo López Obrador argüía que había llegado el momento de cambiar ese estilo de gobernar -puesto que constituía el denominador común de los gobiernos neoliberales- por uno que impusiera un mayor control en el gasto.
Concepción que tenía que transformase en el establecimiento de una política pública generalizada para todas las áreas administrativas gubernamentales.
La idea en general puesta en palabras coloquiales o tabasqueñas se podía resumir en actuar con “austeridad republicana”.
Así, -pensaba el entonces candidato-, ya no habría derroches como la compra de camionetas nuevas de lujo para ciertos sectores de burócratas, se eliminarían los sueldos excesivos dado que nadie tendría porque ganar más que el presidente, se eliminarían los seguros médicos en hospitales privados y una larga lista de demás ajustes presupuestarios.
De lo anterior surgió la necesidad de crear la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley de Austeridad Republicana.
El ahorro generado de tales ajustes sería utilizado en entre otras cosas por la Secretaría del Bienestar para aplicarse en diferentes programas sociales.
Veámoslo de la siguiente manera; si una familia dejara de derrochar el dinero de la quincena en gastos superfluos al final del año podría tener un remanente que bien le podría alcanzar para adquirir un artículo necesario para el hogar (no aplican consolas Xbox por supuesto).
Claro que no siempre la práctica termina dando los resultados que la teoría diagnostica.
Ante algunas de las fallas provocadas por el recorte presupuestario es que los críticos del gobierno han alzado la voz en diferentes ocasiones catalogando de “pobreza franciscana” al estado en el que se encuentran algunas áreas del gobierno.
Al respecto, es menester de todos los analistas económicos y políticos analizar con detalle las áreas que deberían de tener ajustes en este sentido para proponer en breve alguna solución.
Quizás uno de los inconvenientes más destacados ha sido la reducción de las aportaciones federales a los diferentes estados y peor aún a los diferentes municipios del país, eso y la tardanza con que esos recursos han estado llegando a lo largo del sexenio.
El problema no es menor, sobre todo cuando la mayoría de los municipios dependen en gran medida de las aportaciones federales para que puedan cumplir con sus funciones fundamentales como lo son la seguridad y servicios públicos.
Ni siquiera los ayuntamientos de las grandes ciudades se salvan de esta dependencia. 
Por ejemplo, de acuerdo con el presupuesto de egresos del municipio de Puebla del total de ingresos proyectados para el año en curso 2023 estimados en 6000 millones de pesos cerca del 70% de ese recurso proviene de las aportaciones que realiza la Federación, lo cual asciende a cerca de 4200 millones de pesos que son transferidos por medio del Ramo 28 y del Ramo 33.
Si el Municipio de Puebla que es uno de los más grandes del país no tiene la capacidad de generar más ingresos por cuenta propia mucho menos los municipios más alejados de las zonas industriales o metropolitanas.
En este sentido, el talentoso profesor de economía de la UNAM Arturo Huerta puso la mano en la llaga hace un par de meses cuando observó – y divulgó- que diferentes municipios del estado de Oaxaca estaban atravesando una crisis financiera sin precedentes por el retraso de las aportaciones Federales.
Lo anterior lo llevó a criticar la política de austeridad del gobierno federal basado en una restricción del gasto y de la inversión pública. 
Cabe mencionar que el economista Arturo Huerta no critica en ningún momento la inversión federal en las obras insignia del sexenio como los son la refinería o tren maya, pero recalca que el atraso con que la Federación y los Estados bajan los recursos está provocando un daño sistémico a las finanzas de los municipios que, por cierto, en Oaxaca son más de 500.
Ante esta problemática el Congreso del estado de Oaxaca decidió aprobar en el mes de abril de este año un decreto mediante el cual se le permite a los diferentes municipios del estado contraer deuda pública para poder desempeñar sus funciones básicas, entendiendo que una vez que los recursos de la Federación lleguen a las arcas de los municipios éstos paguen inmediatamente la deuda contraída.
Parecería de bote pronto que se trata de una buena solución legislativa sólo que se omite una cuestión, el tema de los intereses bancarios.
Y es que las elevadas tasas de interés han provocado que los préstamos bancarios resulten un mecanismo de apalancamiento excesivamente caro para las familias, para las empresas y ahora para los municipios…de los agiotistas nadie se salva.
Como decía anteriormente, resulta fundamental analizar, discutir y proponer la forma en cómo debe orientarse la austeridad financiera en los diferentes organismos públicos, municipios y estados para evitar que por falta –o atraso en la entrega- de recursos públicos se ponga en riesgo la seguridad pública, la salud y la infraestructura del país