El origen de nuestras Leyes.

El pasado día 5 de febrero –día en que se conmemora la Constitución- el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de presentar un paquete de propuestas constitucionales que desea sean discutidas y aprobadas por el Congreso de la nación en lo que es el último año de su administración.
Se trata de una veintena de reformas que el presidente considera prioritarias de acuerdo a su visión de nación y que desea instaurar como parte de una herencia jurídica a la próxima administración.
Como era de esperarse el evento no podía pasar inadvertido por nadie medianamente interesado por los sucesos del país.
De manera particular yo soy de los que opina que uno de los puntos más relevantes del evento es precisamente poner en la mesa de discusión el origen de las propuestas de reforma constitucional. 
Por tanto, debo decir que mi intención no es analizar el contenido cada una de las 20 propuestas, más bien su origen, así que comencemos.
Para ello parto de la interpretación de que la Constitución es una serie de acuerdos que tienen como objetivo establecer las reglas básicas de convivencia entre los actores que la promueven.
Si estamos de acuerdo con la definición anterior vale la pena preguntarse ¿quiénes son esos actores que están promoviendo dichas reformas?
En esta ocasión parece que solamente una; el presidente de la República, lo cual –aclaro- no tendría por qué descalificar el contenido de las propuestas.
Sin embargo, deja de manifiesto un hecho repetitivo en la historia del país, el intento unipersonal –ya sea con buenas o malas intenciones- de reformar sistemáticamente la Constitución.
En teoría lo ideal para cualquier país sería que la constitución tuviera un origen popular, es decir, que la población organizada participara de manera directa en el análisis, discusión y aprobación de las leyes que van a regular su propio comportamiento.
Algo que muchos políticos en la actualidad gustan denominar como democracia participativa. Que no sea solo el Estado el que proponga y disponga la manera de cómo debe de funcionar, sino que los ciudadanos –a través de diferentes mecanismos- puedan incidir en la vida pública del país. 
Precisamente el Artículo 35 de la Constitución establece como derecho de todos los ciudadanos la facultad de: “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”, así como de: “Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso”.
Ahí está inscrito el camino a seguir, la misma Ley abre el espacio a la participación del pueblo organizado para aprobar o modificar la Constitución a conveniencia.
Sin embargo, no recuerdo en este momento un caso de éxito al respecto.
Posiblemente se trate de una de las tareas pendientes del periodo democrático del país.
Y es que, si el pueblo es incapaz de organizarse y pujar por cambios estructurales, entonces se deja el paso libre a la conformación de una agenda cupular, es decir, aquella en la que participan diferentes grupos de poder (militar, político y empresarial) que entran en acción y logran llegar a ciertos acuerdos.
Posteriormente esos acuerdos son impuestos y votados por el Congreso para convertirse en Ley. 
Si coincidimos con lo anterior entonces podríamos convenir que el paquete de reformas presentadas el pasado 5 de febrero tienen un origen cupular, es decir, la voluntad del poder ejecutivo de imponer al poder legislativo los cambios correspondientes en las leyes vigentes.
Repito, lo anterior no quiere decir que lo que se propone o impone sea malo, para ello se tendría que realizar un análisis particular en cada una de las 20 propuestas realizadas.
Tan solo quiero llamar la atención en que después de 20 años de alternancia política en la presidencia del país y contando como nunca con las herramientas digitales necesarias para poder organizarnos como sociedad seguimos siendo incapaces de promover nuestras propias leyes.
Por cierto, me llama la atención que los partidos de oposición no han tenido en los últimos 5 años la disposición de proponer reformas, tan solo se han limitado a criticar las propuestas del ejecutivo. 
Se han convertido en espectadores del quehacer público.
Ni un solo foro de discusión, ni una sola asamblea informativa…contados son los esfuerzos para salir del letargo en el que se encuentran.
Afortunadamente siempre hay un rayo de luz incluso en los días más nublados.
Por eso debo felicitar el esfuerzo del Mtro. Antonio Tenorio Adame quien presentó recientemente en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el libro titulado: “El patriotismo constitucional” en donde señala la importancia de: “redefinir una Constitución que respalde la construcción de un Estado social sostenida y promovida por un patriotismo constitucional”.
Entendiendo el patriotismo constitucional como el amor a la patria y, por ende, el respeto a la Constitución, el Mtro. Tenorio Adame insiste en que resulta fundamental que el pueblo proteja su territorio, conozca su pasado y proponga acciones concretas para consolidar el futuro.
Regresamos al mismo punto, urge que el pueblo participe en las decisiones importantes del país.
Termino el artículo citando nuevamente al Mtro. Tenorio Adame “Por otra parte, los retos de los convenios internacionales asumidos sólo por el Ejecutivo sin que el soberano, la ciudadanía, sea informada debidamente, por lo que se propone que sea a través del referéndum ciudadano el que se otorgue legitimidad a los convenios que modifiquen o alteren el estatus soberano de la Nación”.