La transformación digital como prioridad de la agenda pública

Una de tantas lecciones que nos ha dejado la pandemia de COVID es que la transformación digital ofrece grandes beneficios en todos los sectores de la sociedad, incluyendo los gobiernos.

La transformación digital provoca cambios rápidos y muy profundos en la manera de hacer negocios, en la interacción de los ciudadanos, en la forma en que acceden a servicios y hasta en la manera de gobernar, incluso es capaz de incentivar el crecimiento económico.
En el sector privado, la digitalización trae como resultado una mayor competitividad, puesto que la innovación y una mayor productividad tanto en los capitales como la mano de obra son premisas fundamentales.
En la administración pública el impacto es similar al de las empresas, la transformación digital tiene el potencial de hacer gobiernos efectivos, eficientes, inclusivos, transparentes, menos burocráticos y más confiables.
Sin embargo, la transformación digital no debe ser entendida como el proceso de digitalizar los trámites tal cual se ofrecen a los ciudadanos de manera presencial, sino de llevar a cabo una simplificación administrativa, que reduzca las solicitudes de documentos, las interacciones dependencias-ciudadanos y el deseo por caer en actos de corrupción, es decir, la digitalización conlleva una mejora regulatoria y sobre todo pensar en trámites centrados en los ciudadanos.
Además, requiere de funcionarios públicos con liderazgo y visión a largo plazo que permita la implementación de procesos más allá de las gestiones y personal calificado.
Todos estos cambios estructurales deben ser pensados para ofrecer el acceso a servicios públicos de calidad. Desarrollar la digitalización, es una necesidad crítica y urgente, que gracias a la pandemia aceleró los procesos, por lo que debe ser una prioridad en la agenda pública de los gobiernos.
De esto y muchos temas relacionados escribiré en las semanas siguientes en esta columna llamada: Laberinto