Alejandro Carvajal
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El fin de semana la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un video en el que se inconformó por el llamado Plan B de la Reforma Electoral, se dijeron preocupados por la estabilidad democrática de México y por los recortes presupuestarios del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior rompe con una tradición histórica, en México la separación de la iglesia y el Estado ha sido un pilar del Estado moderno. La Guerra de Reforma, entre otros factores, fue iniciada por el malestar que generó la nacionalización de sus bienes y la prohibición de que participaran en la vida política de México. El conservadurismo mexicano tomó esta bandera e inició una revuelta que desangró al país por 3 años, sin embargo, no conforme con esto, viajaron a Europa y convencieron a Napoleón III de invadir México, coronar a un rey y echar atrás los avances del liberalismo. Ese propósito no lo lograron y en Puebla un 5 de mayo vencimos.
Durante el porfiriato todo la relación entre religión y política se hizo más estrecha, aunque el dictador siempre se colocó por encima del poder clerical. En la constitución de 1917 permaneció en el artículo 24 la secularización del Estado; sin embargo, las posiciones políticas se radicalizaron y en la administración de Plutarco Elías Calles en la zona del Bajío se desató una rebelión conocida como “La Guerra Cristera” provocando el rompimiento de las relaciones de México con el Vaticano.
Es hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se restablecieron las relaciones con el Vaticano y acto seguido han venido en diferentes ocasiones las máximas autoridades de la religión católica: el papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco. En esta etapa, la religión católica ha jugado un papel testimonial, quizá la participación más activa la tuvieron en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque nunca en sentido contrario a los intereses de la oligarquía. En el mismo sentido el poder político cuidaba los intereses de la iglesia ante escándalos como el de Marcial Maciel.
En México las creencias y las pertenencias religiosas se han diversificado; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 78,6 por ciento de la población es católica, el 7.9 evangélico y el resto de la población profesa otra religión. En Puebla el 84. 3 por ciento de la población es católica, el 7.4 evangélica y el resto otro tipo de religión, sin embargo, hay que hacer una salvedad, el hecho de las personas se identifiquen con la religión católica no implica que sean fieles seguidores de las iglesias y menos aún que se puedan comprometer políticamente con lo que sus líderes religiosos afirman, al fin, la fé en Dios, en la virgen de Guadalupe o en cualquier otra deidad es lo que mueve el corazón de la gente.
Ante estos datos resulta muy importante que los ministros del culto religioso de la iglesia católica sean prudentes y mesurados en su activismo político. La mayoría de la población en México se identifica con la religión católica y sus estridencias los pueden hacer perder devotos —más de los que ya han perdido—, y por otro lado, podría generar suspicacias: ¿a quienes beneficia que el Episcopado Mexicano se pronuncie en materia electoral? ¿Qué interés puede tener una autoridad religiosa, que a diferencia de otras naciones no paga impuestos, no rinde declaraciones y que de manera reiterada ha estado en graves escándalos de pederastia y corrupción?